Los judíos son expulsados de España cuando entra en vigor el Decreto de la Alhambra.
El Decreto de la Alhambra (también conocido como Edicto de Expulsión; español: Decreto de la Alhambra, Edicto de Granada) fue un edicto emitido el 31 de marzo de 1492 por los Reyes Católicos conjuntos de España (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) ordenando la expulsión de los judíos practicantes de las Coronas de Castilla y Aragón y de sus territorios y posesiones para el 31 de julio de ese año. El objetivo principal era eliminar la influencia de los judíos practicantes en la gran población de cristianos nuevos conversos anteriormente judíos de España, para garantizar que estos últimos y sus descendientes no volvieran al judaísmo. Más de la mitad de los judíos de España se habían convertido como resultado de la persecución religiosa y los pogromos que ocurrieron en 1391. Debido a los continuos ataques, alrededor de 50.000 más se habían convertido en 1415. Un número adicional de los restantes optó por convertirse para evitar la expulsión. Como resultado del decreto de la Alhambra y la persecución en los años previos a la expulsión, de la población de origen judío estimada en 300.000 de España, un total de más de 200.000 se habían convertido al catolicismo para permanecer en España, y entre 40.000 y 100.000 permanecieron judíos y sufrieron la expulsión. . Un número desconocido de los expulsados finalmente sucumbió a las presiones de la vida en el exilio lejos de sus parientes y redes anteriormente judíos en España, y así se convirtió al catolicismo para poder regresar en los años posteriores a la expulsión.:17 El edicto fue formal y simbólicamente revocado el 16 de diciembre de 1968, tras el Concilio Vaticano II. Esto fue un siglo completo después de que los judíos practicaran abiertamente su religión en España y las sinagogas fueran una vez más lugares legales de culto bajo las Leyes de Libertad Religiosa de España.
En 1924, el régimen de Primo de Rivera concedió la ciudadanía española a toda la diáspora judía sefardí. En 2014, el gobierno de España aprobó una ley que permite la doble ciudadanía a los descendientes de judíos que la soliciten, para "compensar los hechos vergonzosos del pasado del país". Así, los sefardíes que acrediten ser descendientes de los judíos expulsados de España a causa del Decreto de la Alhambra pueden "llegar a ser españoles sin salir de casa ni renunciar a su nacionalidad actual".