La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (CPPCG), o Convención sobre Genocidio, es un tratado internacional que tipifica como delito el genocidio y obliga a los Estados partes a hacer cumplir su prohibición. Fue el primer instrumento jurídico en tipificar el genocidio como delito y el primer tratado de derechos humanos adoptado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948, durante el tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Convención entró en vigor el 12 de enero de 1951 y cuenta con 152 estados partes a partir de 2021.

La Convención sobre el Genocidio se concibió en gran medida en respuesta a la Segunda Guerra Mundial, que vio atrocidades como el Holocausto que carecían de una descripción adecuada o una definición legal. El abogado polaco-judío Raphael Lemkin, que había acuñado el término genocidio en 1944 para describir las políticas nazis en la Europa ocupada, y el genocidio armenio hicieron campaña por su reconocimiento como delito según el derecho internacional. Esto culminó en 1946 con una resolución histórica de la Asamblea General que reconoció el genocidio como un crimen internacional y pidió la creación de un tratado vinculante para prevenir y castigar su perpetración. Las discusiones y negociaciones posteriores entre los estados miembros de la ONU dieron como resultado la CPPCG.

La Convención define el genocidio como un "esfuerzo intencional para destruir total o parcialmente a un grupo basado en su nacionalidad, etnia, raza o religión". Reconoce varios actos como constitutivos de genocidio, como la imposición del control de la natalidad y el traslado forzoso de niños, y penaliza además la complicidad, la tentativa o la incitación a su comisión”. Los estados miembros tienen prohibido cometer genocidio y están obligados a hacer cumplir esta prohibición. Todos los perpetradores deben ser juzgados independientemente de si son particulares, funcionarios públicos o líderes políticos con inmunidad soberana.

La CPPCG ha influido en la legislación tanto a nivel nacional como internacional. Su definición de genocidio ha sido adoptada por tribunales internacionales e híbridos, como la Corte Penal Internacional, e incorporada al derecho interno de varios países. Se considera ampliamente que sus disposiciones reflejan el derecho consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para todas las naciones, sean o no partes. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) también ha dictaminado que los principios subyacentes de la Convención representan una norma imperativa contra el genocidio que ningún gobierno puede derogar. La Convención sobre el Genocidio autoriza la jurisdicción obligatoria de la CIJ para resolver disputas, lo que lleva a litigios internacionales como el caso del genocidio rohingya y la disputa sobre la invasión rusa de Ucrania en 2022.