La crisis constitucional hondureña de 2009 fue una disputa política sobre los planes para reescribir la Constitución de Honduras o redactar una nueva.

El presidente hondureño, Manuel Zelaya, planeó realizar una votación sobre un referéndum sobre una asamblea constituyente para cambiar la constitución. La mayoría del gobierno, incluida la Corte Suprema y miembros prominentes del propio partido de Zelaya, vieron estos planes como inconstitucionales, ya que podrían llevar a la reelección presidencial, que está permanentemente prohibida por la constitución hondureña. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó una orden judicial de primera instancia contra las elecciones del 28 de junio. Sin embargo, el proceso constitucional para hacer frente a esta situación no estaba claro; no había procedimientos claros para destituir o enjuiciar a un presidente en funciones. La crisis culminó con la destitución y el exilio del presidente hondureño Manuel Zelaya por parte del ejército hondureño en un golpe de Estado.

En la mañana del 28 de junio de 2009, aproximadamente 100 soldados irrumpieron en la residencia del presidente en Tegucigalpa y lo subieron a un avión a San José, Costa Rica. Zelaya inmediatamente llamó a esto un "golpe" a su llegada.

Más tarde ese día, el Congreso Nacional votó para destituir a Zelaya de su cargo, después de haber leído sin objeciones una supuesta carta de renuncia. Zelaya dijo que la carta fue falsificada. Roberto Micheletti, presidente del Congreso y siguiente en la línea de sucesión presidencial, prestó juramento como presidente interino y declaró un "estado de excepción" que suspendió las libertades civiles el 1 de julio y se impusieron varios toques de queda, algunos en todo el país.