La Deportación de Bisbee fue el secuestro y la deportación ilegal de unos 1300 trabajadores mineros en huelga, sus partidarios y ciudadanos transeúntes por parte de 2000 miembros de una pandilla delegada, que los arrestaron a partir del 12 de julio de 1917 en Bisbee, Arizona. La acción fue orquestada por Phelps Dodge, la principal empresa minera de la zona, que proporcionó listas de trabajadores y otras personas que iban a ser arrestadas al alguacil del condado de Cochise, Harry C. Wheeler. Los arrestados fueron llevados a un parque de béisbol local antes de ser cargados en vagones de ganado y deportados 200 millas (320 km) a Tres Hermanas en Nuevo México. El viaje de 16 horas fue a través del desierto sin comida y con poca agua. Una vez descargados, se advirtió a los deportados, la mayoría sin dinero ni transporte, que no regresaran a Bisbee. El gobierno de los EE. UU. pronto incorporó a miembros del Ejército de los EE. UU. para ayudar a reubicar a los deportados en Columbus, Nuevo México.

Como Phelps Dodge, en connivencia con el sheriff, había cerrado el acceso a las comunicaciones con el exterior, pasó algún tiempo antes de que se publicara la historia. La compañía presentó su acción como una reducción de las amenazas a los intereses de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en Europa, en gran parte porque la demanda de cobre durante la guerra era alta. El gobernador de Nuevo México, en consulta con el presidente Woodrow Wilson, proporcionó alojamiento temporal para los deportados. Una comisión de mediación presidencial investigó las acciones en noviembre de 1917 y, en su informe final, describió la deportación como "totalmente ilegal y sin autoridad legal, estatal o federal". Sin embargo, nunca se condenó a ningún individuo, empresa o agencia en relación con las deportaciones. Arizona y el condado de Cochise nunca procesaron el caso, y en Estados Unidos v. Wheeler (1920), la Corte Suprema dictaminó que la Constitución por sí misma no otorga al gobierno federal el poder de detener los secuestros, incluso los que involucran el traslado de secuestrados a través de las fronteras estatales en ferrocarriles regulados por el gobierno federal.