La Decimocuarta Enmienda (Enmienda XIV) a la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 9 de julio de 1868, como una de las Enmiendas de Reconstrucción. A menudo considerada como una de las enmiendas más importantes, aborda los derechos de ciudadanía y la igualdad de protección ante la ley y se propuso en respuesta a cuestiones relacionadas con los antiguos esclavos después de la Guerra Civil Estadounidense. La enmienda fue duramente impugnada, en particular por los estados de la derrotada Confederación, que se vieron obligados a ratificarla para recuperar la representación en el Congreso. La enmienda, particularmente su primera sección, es una de las partes más litigadas de la Constitución, formando la base para decisiones históricas de la Corte Suprema como Brown v. Board of Education (1954) con respecto a la segregación racial, Roe v. Wade (1973) con respecto a aborto, Bush v. Gore (2000) sobre las elecciones presidenciales de 2000 y Obergefell v. Hodges (2015) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La enmienda limita las acciones de todos los funcionarios estatales y locales, y también aquellos que actúan en nombre de dichos funcionarios.

La primera sección de la enmienda incluye varias cláusulas: la Cláusula de Ciudadanía, la Cláusula de Privilegios o Inmunidades, la Cláusula de Debido Proceso y la Cláusula de Igual Protección. La Cláusula de Ciudadanía proporciona una definición amplia de ciudadanía, anulando la decisión de la Corte Suprema en Dred Scott v. Sandford (1857), que había sostenido que los estadounidenses descendientes de esclavos africanos no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Desde los Casos del Matadero (1873), se ha interpretado que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades hace muy poco.

La Cláusula del debido proceso prohíbe a los gobiernos estatales y locales privar a las personas de la vida, la libertad o la propiedad sin un procedimiento justo. La Corte Suprema ha dictaminado que esta cláusula hace que la mayor parte de la Declaración de Derechos sea aplicable tanto a los estados como al gobierno federal, así como también reconoce los requisitos sustantivos y procesales que las leyes estatales deben cumplir. La Cláusula de Igualdad de Protección requiere que cada estado brinde igual protección bajo la ley a todas las personas, incluidos todos los no ciudadanos, dentro de su jurisdicción. Esta cláusula ha sido la base de muchas decisiones que rechazan la discriminación irracional o innecesaria contra personas pertenecientes a diversos grupos.

Las secciones segunda, tercera y cuarta de la enmienda rara vez se litigan. Sin embargo, la referencia de la segunda sección a la "rebelión u otro delito" se ha invocado como motivo constitucional para la privación del derecho al voto por un delito grave. La cuarta sección se llevó a cabo, en Perry v. Estados Unidos (1935), para prohibir que un Congreso actual derogue un contrato de deuda contraído por un Congreso anterior. La quinta sección otorga al Congreso la facultad de hacer cumplir las disposiciones de la enmienda mediante "legislación apropiada"; sin embargo, bajo City of Boerne v. Flores (1997), este poder no puede usarse para contradecir una decisión de la Corte Suprema que interprete la enmienda.