El Decreto 900 (en español: Decreto 900), también conocido como Ley de Reforma Agraria, fue una ley de reforma agraria guatemalteca aprobada el 17 de junio de 1952, durante la Revolución guatemalteca. La ley fue presentada por el presidente Jacobo Árbenz Guzmán y aprobada por el Congreso de Guatemala. Redistribuyó tierras no utilizadas de más de 224 acres (0,91 km2) de superficie a los campesinos locales, compensando a los terratenientes con bonos del gobierno. La tierra de un máximo de 1.700 haciendas se redistribuyó a unas 500.000 personas, una sexta parte de la población del país. El objetivo de la legislación era mover la economía de Guatemala del pseudofeudalismo al capitalismo. Aunque estuvo en vigor sólo durante dieciocho meses, la ley tuvo un efecto importante en el movimiento de reforma agraria de Guatemala. Los grupos indígenas, privados de tierras desde la conquista española, fueron los principales beneficiarios del decreto. Además de aumentar la producción agrícola al aumentar el cultivo de la tierra, se atribuye a la reforma el haber ayudado a muchos guatemaltecos a encontrar dignidad y autonomía. La expropiación de tierras llevó a los principales terratenientes, incluida la United Fruit Company, a presionar al gobierno de los Estados Unidos para que interviniera interpretando al gobierno guatemalteco como comunista. El Decreto 900 fue así un impulso directo para el golpe de Estado de 1954, que depuso a Árbenz e instigó décadas de guerra civil.