La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1844. Sin embargo, esta estadística es un indicador algo engañoso de estabilidad política debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda. Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las nuevas constituciones contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. En realidad, las innovaciones constitucionales radicales fueron relativamente raras. Sin embargo, el gran número de constituciones refleja una falta básica de consenso sobre las reglas que deberían regir la vida política nacional. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados al asumir el cargo a redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. Los gobiernos sucesivos no solo discreparon enérgicamente con las políticas y los programas de sus predecesores, sino que a menudo rechazaron por completo el marco institucional dentro del cual habían operado sus predecesores. El constitucionalismo —lealtad a un conjunto estable de leyes y principios rectores en lugar de a la persona que los promulga— se convirtió en un asunto de suma importancia en la República Dominicana solo después de la muerte de Rafael Trujillo. Históricamente, los dominicanos habían acordado que el gobierno debería ser representativo y vagamente democrática, que debe haber derechos civiles y políticos, separación de poderes y frenos y contrapesos. Más allá de eso, sin embargo, el consenso se rompió. En realidad, el país había estado dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre estos opuestos diametrales. La Constitución actual fue promulgada el 13 de junio de 2015.